virtud de mandamiento escrito de la autoridad  competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”

14 de marzo de 2018 (180 días al de su publicación en el DOF)

A cargo de las Legislaturas de las entidades federativas: realizar reformas a sus constituciones y leyes en un plazo no mayor a 180 días (Arts. 2º y 3º transitorios).

a los resquemores formalistas de no pocos  juristas y jueces que encontraban en el párrafo primero de este artículo un límite normativo a las exigencias que los sistemas orales —especialmente el penal— plantearon con su implementación. ¿Qué tipo de garantía establecía la fundamentación por escrito? ¿Era la norma que se desprendía de esta disposición “ciega” —por adjetivar de alguna manera la propuesta interpretativa literal a la que se aferraron no pocos juristas— al tipo de proceso del que se tratara? ¿Cómo debía conciliarse ese deber con la implementación del sistema penal acusatorio y con el tránsito se otros procesos hacia la oralidad? La adición de este párrafo, enmarcado en la reforma de justicia cotidiana, recogió algunos de los criterios jurisprudenciales y persigue, sin duda, dar lugar a una importante transformación del contenido del principio de legalidad, y garantizar los requerimientos y peculiaridades de los procesos orales.

igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”  Los párrafo existentes antes de la adición fueron recorridos.

14 de marzo de 2018 (180 días al de su publicación en el DOF)

A cargo de las Legislaturas de las entidades federativas: realizar reformas a sus constituciones en un plazo no mayor a 180 días (3ro transitorio)  

una estocada (al menos normativa) a la cultura formalista en nuestro país. Queda, no obstante, una enorme tarea a los jueces para dotar de contenido a este novedoso deber constitucional impuesto, en primera instancia, a los jueces (y a cualquiera que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales). Weber señaló, en su conocido libro “Economía y Sociedad”, que el formalismo legal era un avances civilizatorio de la cultura occidental. ¿Cómo operarán los jueces la tensión entre formalismo, principio de legalidad y protección de derechos fundamentales? Esta reforma constitucional abre la puerta para un nuevo capítulo del quehacer jurisprudencial en nuestro país.

ese lugar, para ahora convertirse en la número XXXI.

La adición establece una nueva facultad que, de acuerdo con establecido en el transitorio 4º debió ser expedida en marzo de 2018.

constituciones en un plazo no mayor a 180 días (3ro transitorio). A cargo del Congreso de la Unión: expedir, en no más de un plazo de 180 contados a partir de la entrada en vigor del decreto la legislación procedimental única en materia procesal civil y familiar (Art. 5º transitorio).

En febrero de este año (a un mes de concluir el plazo establecido en el transitorio de la reforma constitucional) se realizó un Foro en el Senado de la República para recoger la opinión de los expertos. La importancia de este tema es toral. Debemos esperar la configuración de la agenda de la nueva Legislatura para saber si la omisión legislativa podrá subsanarse antes de concluir 2018.

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

Al publicarse el Decreto: 15 de septiembre de 2017