En lo jurídico, parte de una concepción argumentativa del Derecho (donde lo procedimental cobra un especial interés).

El paradigma constitucionalista hacia el que el ordenamiento jurídico mexicano transita es concebido como modelo (en la teoría) y como una oportunidad (en la práctica) para la mejora global de nuestro Derecho. Para ello, el conocimiento —los avances en la teoría y filosofía del Derecho, así como en la dogmática jurídica—, la construcción de habilidades y el desarollo de destrezas para resolver problemas son un medio para un ejercicio profesional que conduzca a una práctica exitosa en lo personal, sí, pero también para la construcción de una sociedad más democrática y justa.

Cada programa, módulo, asignatura o unidad de aprendizaje se articula entonces para la consecución de mejoras en el quehacer profesional, mismas que deben ser susceptibles de ser demostradas a través de evidencias específicas que acompañen el desarrollo de cada proceso de aprendizaje y permitan al alumno desmostrar, y demostrarse a sí mismo, los avances conseguidos.

Cada proyecto de formación ofrece, por ende, una relación puntual de las competencias (en términos de resolución de problemas) y evidencias de aprendizaje que deberán ser desarrolladas a lo largo del proceso. La descripción de tales competencias proviene de dos fuentes. La primera, un modelo genérico en el que se traduce “un buen profesional” (juez, abogado, ministerio público, etc.); la segunda, de las necesidades específicas que un determinado sector pueda requerir. En ese sentido, los proyectos de formación de KOAN ofrecen adecuaciones a las necesidades particulares de los destinatarios, mismos que surgen del análisis de los requerimientos profesionales o institucionales a través de un estudio diagnóstico. La identificación de necesidades da lugar, a su vez, a los productos de aprendizaje que deberán acompañar, a manera de evidencia, la conclusión de cada proceso de enseñanza auspiciado por nosotros.

Su quehacer se enmarca en una perspectiva argumentativa del Derecho que reconoce y se adecua a la transformación cultural de “la edad de los derechos”. Bajo este auspicio teórico, cada uno de los proyectos es desarrollado destacando la primacía de la práctica.